CHA alega contra la modificación del PGOU de Jaca que afecta a Astún

CHA Jacetania ha presentado alegaciones contra la modificación número 14 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jaca, que afecta a la estación de Astún, tal y como la ha propuesto el Ayuntamiento, y pide a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio un informe desfavorable. También solicita del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) que someta la modificación al procedimiento de evaluación ambiental por afectar a suelo no urbanizable y prever la canalización de un tramo del río Aragón.

El presidente de CHA Jacetania, Daniel Goñi, y el abogado especializado en urbanismo, José Gascón, dieron a conocer ayer los términos de la alegación, presentada el viernes, último día de exposición pública tras la aprobación inicial en pleno de la modificación.
"El Ayuntamiento de Jaca no tiene ninguna obligación legal de tramitar esta modificación del PGOU, ya que la ordenación territorial y urbanística es una función pública no susceptible de transacción", explicaron al recordar que fue el Gobierno de Aragón el que anuló el Plan Especial para Astún. Los tribunales Supremo y Superior de Justicia de Aragón ratificaron esta anulación y sólo reconocieron el derecho de EIVASA, empresa que gestiona la estación invernal, a ser indemnizada por daños y perjuicios, algo todavía "sin cuantificar" y que, en todo caso, corresponde a la administración autonómica.

Otro motivo por el que se oponen a la modificación es la elevada densidad de viviendas, 90 por hectárea –se prevé construir 847 viviendas, que se sumarían a las actuales 447-, el doble de las hay en el Llano de la Victoria de Jaca o en Valdespartera, Zaragoza, así como de edificabilidad sobre parcela neta. Ésta es de 3,55 metros cuadrados por metro cuadrado, similar a zonas urbanas muy pobladas, como los barrios zaragozanos de Delicias o Torrero. Para tener esa edificabilidad "se acude a un subterfugio", separar las zonas no edificada y edificada, y clasificar esta última como suelo urbano consolidado, pese a que el conjunto de la urbanización no está finalizado ni se cuenta con una depuradora adecuada, cuestiones exigidas por la Ley Urbanística.

Respecto a la densidad, "es más propia de una gran ciudad que de una actuación a 1.600 metros de altitud, y no se trata de una cuestión opinable, sino sometida a la ley, que no la permite", dijo Gascón. Por eso, teniendo en cuenta que la actuación prevista "es incompatible con los principios de desarrollo sostenible, equilibrio territorial y correcta organización del desarrollo urbano", la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio ha de emitir un informe negativo que, en estos casos, "es vinculante". El plazo para este informe será de 3 meses tras recibir el expediente con las alegaciones.

También se incide en que debe cumplirse la Ley de Protección Ambiental y, por tanto, es necesaria una evaluación de impacto ambiental (EIA), a exigir por el Inaga, aunque el expediente cuente con un informe del presidente de este Instituto en el que señala que no se requiere esta EIA.

El astunazo (Opinión sobre el tema de Astún)

El Pirineo Aragonés, 6 de marzo de 2009

Cuidados

La propuesta de intervención sobre Astún con vistas a la estación total ha modificado, con la velocidad propia de los hechos consumados, el mapa de los agentes locales y hace urgente esbozar una suerte cartografía donde poder situar los impactos del proyecto no sólo sobre el territorio, sino sobre todo el tejido social jacetano. 

El esfuerzo del grueso de la Agenda 21 para instar una reconsideración del desmedido proyecto urbanístico en torno a la estación de esquí es notable pero el equilibrismo necesario para sostenerse en esta nueva composición de lugar parece siempre insuficiente. Por un lado, una institución de este tipo sólo puede operar a través de su apertura máxima, casi sin una identidad que le sirva de asidero, y, por supuesto, a través del consenso con las instituciones y los grupos políticos organizados en el medio. En eso se fundan tanto sus posibilidades internas de crecimiento como su influencia exterior. 

Sin embargo, cualquier institución necesita ser eficaz y resultaría complicado que la Agenda 21 remontara la frustración producida por un incumplimiento tan directo de los acuerdos que se adoptaron con las Administraciones Locales. Así que no pueden sino movilizarse ante estas decisiones unilaterales y aprovechar así la oportunidad de enviar a todos los desapegados respecto a iniciativas como éstas el mensaje inequívoco de que este tipo de redes son simplemente imprescindibles.

Claro que, leído este mapa en clave de desapegos, los agentes políticos en el gobierno, impulsores del astunazo contra sus acuerdos con la Agenda 21, corren el riesgo de pagar el coste más alto al dilapidar el refresco de legitimidad que le otorgan estas redes de participación ciudadana. Y ése no parece el mejor balance para afrontar un contexto de crisis en que, elección tras elección a lo largo de todo el mundo, los equipos de gobierno están pagando los platos rotos y los que quedan por romper.

Sin embargo, quien más arrinconado se ve en este rediseño de posiciones es el propio país, que puede ver bloqueada una de sus instituciones de cuidado colectivo o, al menos, una que podría llegar a ser esto. En un contexto donde las antiguas redes comunitarias se diluyen y los referentes morales tradicionales sirven de poco, la necesidad de que la propia ciudadanía cuide de su territorio y amase su futuro con paciencia a través de estas redes de seguridad del siglo XXI es ineludible. 

Ninguna solución milagrosa de multiplicación de los esquiadores y los peces puede cumplir esa función. Como muestra, puede verse cómo en los lugares que han sido abandonados por su propia ciudadanía ante los planes de los faraones todo esto se convierte pronto en material escabroso. Cuídense, por tanto.

DAVID VILA VIÑAS